Estamos viviendo lo que a mi entender se trata de las consecuencias de una “Transición Incompleta”. El cambio de la dictadura a la democracia fue de algún modo ejemplar o modélica porque no hubo derramamiento de sangre in extremis. Sin embargo, se llevó a cabo ignorando algo tan importante como fue la reclamación de justicia a favor de las víctimas del franquismo. Para eludirlo, se añadieron algunos ingredientes nuevos llamados “reconciliación nacional” y “amnistía de 1977” para los verdugos del pasado. Al contrario que en otros países de Europa, aquellos “matarifes” (vivos y muertos) no fueron juzgados y se les perdonó.
En tal caso, aunque lentamente se produjo el descabezamiento de Pro-franquistas que ostentaban altos cargos en los Tres Poderes, con el tiempo se ha podido vislumbrar que esos mismos (y sus sucesores) que antes pertenecían al aparato dictatorial, siguen ahí en el mismo sillón pero con diferente chaqueta. En cualquier otro país esto hubiera sido inadmisible (pongamos el ejemplo de Alemania e Italia), pero como la Izquierda española no quería volver a repetir la sangría del pasado, y existía un contexto político a nivel europeo muy distinto al de los años 30, decidieron por unanimidad dar la espalda al problema por el bien de la Democracia.
Y aquí subyace el “quick question”, o sea, el “meollo del asunto”. Porque ese armisticio fue un tremendo error. Ahora están saliendo a la palestra las consecuencias del mismo.
No hay duda de que la Justicia actual, por muy técnica que pretenda ser, está politizada puesto que los jueces del Tribunal Supremo son personas, como tú y como yo, con significaciones endógenas y exógenas. Esto, para nuestra desgracia, es propio de humanos. Seguramente el caso Garzón no hubiera tenido esta enorme resonancia si no fuera Garzón el juez que es. Es más, nadie hubiera conocido el procedimiento si la Falange española y el Sindicato ultraderechista Manos Libres no aparecieran como instigadores. Pero sobre todo, y lo más trascendental, nadie sabría de todo esto si el tema en particular no fuera las víctimas del franquismo, o sea, el de la Memoria Histórica.
La Memoria Histórica, pese a sus detractores catastrofistas, ha hecho un gran bien durante sus casi ocho años de vigencia. Se han conseguido cerrar muchas heridas. ¿Por qué ahora y no antes se ha promulgado la ley de Memoria Histórica? Quizá ha sido el momento justo. Quizá han tenido que transcurrir treinta años de régimen democrático para que los reaccionarios y conservadores, herederos de ese espíritu “vallicaído”, nos hayan permitido poder abrir la puerta del conocimiento (España es un país que ha vivido siempre bajo la sombra del miedo). Quizá estos retrógrados hayan comprendido la labor humanitaria de la ley porque, es curioso que, casi ochenta años después de la guerra civil aún me vengan personas y me pidan información sobre el paradero de algún familiar fusilado durante aquellos aciagos tiempos. Gracias a mis investigaciones (y las de otros muchos) se les ha informado y, al mismo tiempo, se les ha llenado el hueco del corazón que tenían vacío. Eso es la justicia que se ha conseguido realzar en estos años, aunque aún quede un largo camino por recorrer.
A lo sumo, este movimiento social se estaba llevando a cabo de forma apolítica, sin entrar en el juego revanchista de los extremos, con los esfuerzos de asociaciones, instituciones y particulares. Pero entonces la alarma se disparó cuando un juez, el señor Garzón, pretendía juzgar a los verdugos franquistas (muertos ya), en especial, al dictador Franco.
¿Esto qué quiere decir? Pues significa que algo falló entonces; que, viablemente, con apoyo internacional, habrían tenido que ser juzgadas las personas que tuvieron responsabilidades políticas durante la dictadura y que apoyaron las torturas, la violencia y la pena capital. Es cierto que en aquel contexto hubo muchas tensiones (miedo, siempre miedo) y, por otro lado, hubiera sido imposible recibir la ayuda internacional porque sencillamente España constituía un país tremendamente atrasado con el resto de Europa (atraso, siempre atraso). Además, las fuerzas conservadoras seguían teniendo el poder pese a la máscara de regeneracionismo político.
Con el caso Garzón no se está juzgando las interpretaciones jurídicas de la ley, tal y como intenta hacernos creer el juez Varela. El Tribunal Supremo siempre ha cambiado las leyes a su gusto en pos de los guiones preestablecidos de los políticos, ya sea para combatir los llamados “problemas nacionales” (País Vasco, Estatuto Catalán,…) Tampoco se está juzgando la politización del aparato jurídico español (la cruzada personal de ciertos jueces contra Garzón) ni las tramas de corrupción (ha habido muchos Gürtel antes y los habrá desafortunadamente).
Lo que se está juzgando ahora son los procesos democratizadores de los últimos 30 años, considerando si nuestra Democracia ha o no ha podido integrar a las fuerzas políticas históricamente antagónicas. Fuerzas que todavía están escritas con un lenguaje anacrónico, marcados por tremendos valores arcaicos.
De todas formas, sea cual sea la resolución de la sentencia, el tiempo pasará y la gente olvidará. Son otros tiempos. Tiempos de mediocridad.
En tal caso, aunque lentamente se produjo el descabezamiento de Pro-franquistas que ostentaban altos cargos en los Tres Poderes, con el tiempo se ha podido vislumbrar que esos mismos (y sus sucesores) que antes pertenecían al aparato dictatorial, siguen ahí en el mismo sillón pero con diferente chaqueta. En cualquier otro país esto hubiera sido inadmisible (pongamos el ejemplo de Alemania e Italia), pero como la Izquierda española no quería volver a repetir la sangría del pasado, y existía un contexto político a nivel europeo muy distinto al de los años 30, decidieron por unanimidad dar la espalda al problema por el bien de la Democracia.
Y aquí subyace el “quick question”, o sea, el “meollo del asunto”. Porque ese armisticio fue un tremendo error. Ahora están saliendo a la palestra las consecuencias del mismo.
No hay duda de que la Justicia actual, por muy técnica que pretenda ser, está politizada puesto que los jueces del Tribunal Supremo son personas, como tú y como yo, con significaciones endógenas y exógenas. Esto, para nuestra desgracia, es propio de humanos. Seguramente el caso Garzón no hubiera tenido esta enorme resonancia si no fuera Garzón el juez que es. Es más, nadie hubiera conocido el procedimiento si la Falange española y el Sindicato ultraderechista Manos Libres no aparecieran como instigadores. Pero sobre todo, y lo más trascendental, nadie sabría de todo esto si el tema en particular no fuera las víctimas del franquismo, o sea, el de la Memoria Histórica.
La Memoria Histórica, pese a sus detractores catastrofistas, ha hecho un gran bien durante sus casi ocho años de vigencia. Se han conseguido cerrar muchas heridas. ¿Por qué ahora y no antes se ha promulgado la ley de Memoria Histórica? Quizá ha sido el momento justo. Quizá han tenido que transcurrir treinta años de régimen democrático para que los reaccionarios y conservadores, herederos de ese espíritu “vallicaído”, nos hayan permitido poder abrir la puerta del conocimiento (España es un país que ha vivido siempre bajo la sombra del miedo). Quizá estos retrógrados hayan comprendido la labor humanitaria de la ley porque, es curioso que, casi ochenta años después de la guerra civil aún me vengan personas y me pidan información sobre el paradero de algún familiar fusilado durante aquellos aciagos tiempos. Gracias a mis investigaciones (y las de otros muchos) se les ha informado y, al mismo tiempo, se les ha llenado el hueco del corazón que tenían vacío. Eso es la justicia que se ha conseguido realzar en estos años, aunque aún quede un largo camino por recorrer.
A lo sumo, este movimiento social se estaba llevando a cabo de forma apolítica, sin entrar en el juego revanchista de los extremos, con los esfuerzos de asociaciones, instituciones y particulares. Pero entonces la alarma se disparó cuando un juez, el señor Garzón, pretendía juzgar a los verdugos franquistas (muertos ya), en especial, al dictador Franco.
¿Esto qué quiere decir? Pues significa que algo falló entonces; que, viablemente, con apoyo internacional, habrían tenido que ser juzgadas las personas que tuvieron responsabilidades políticas durante la dictadura y que apoyaron las torturas, la violencia y la pena capital. Es cierto que en aquel contexto hubo muchas tensiones (miedo, siempre miedo) y, por otro lado, hubiera sido imposible recibir la ayuda internacional porque sencillamente España constituía un país tremendamente atrasado con el resto de Europa (atraso, siempre atraso). Además, las fuerzas conservadoras seguían teniendo el poder pese a la máscara de regeneracionismo político.
Con el caso Garzón no se está juzgando las interpretaciones jurídicas de la ley, tal y como intenta hacernos creer el juez Varela. El Tribunal Supremo siempre ha cambiado las leyes a su gusto en pos de los guiones preestablecidos de los políticos, ya sea para combatir los llamados “problemas nacionales” (País Vasco, Estatuto Catalán,…) Tampoco se está juzgando la politización del aparato jurídico español (la cruzada personal de ciertos jueces contra Garzón) ni las tramas de corrupción (ha habido muchos Gürtel antes y los habrá desafortunadamente).
Lo que se está juzgando ahora son los procesos democratizadores de los últimos 30 años, considerando si nuestra Democracia ha o no ha podido integrar a las fuerzas políticas históricamente antagónicas. Fuerzas que todavía están escritas con un lenguaje anacrónico, marcados por tremendos valores arcaicos.
De todas formas, sea cual sea la resolución de la sentencia, el tiempo pasará y la gente olvidará. Son otros tiempos. Tiempos de mediocridad.